Hace más de un año se inició la tramitación de la reforma previsional en el congreso. Dicha reforma responde en parte, al conjunto de demandas emanadas desde el 18-O. Bajo este marco, el proyecto se divide en cuatro pilares fundamentales. El primero corresponde a un 6% de cotización adicional al porcentaje ya pactado bajo las normativas actuales, y con cargo al empleador. El segundo corresponde a la ampliación de la cobertura del pilar solidario desde el 60% actual a un 80% beneficiando potencialmente a más de dos millones de pensionados. En el tercer pilar, se pretende incrementar la pensión básica solidaria para asegurar que ningún pensionado bajo esta modalidad tenga una pensión por debajo de la línea de la pobreza. Dicha medida busca anticipar el reajuste para pensionados entre los 65 y los 74 años. Finalmente, se pretende ampliar la regulación a las administradoras de pensiones (AFPs), otorgando mayor competencia en la industria y transparencia, y con ello bajar las actuales comisiones y cobros operativos de las AFPs.
Si bien se han presentado distintas indicaciones al proyecto del Ejecutivo, así como propuestas alternativas con el fin de aumentar las actuales y futuras pensiones, aun existe poca claridad, por ejemplo, del destino y administración de la cotización adicional, presumiéndose que la mitad iría directamente a los fondos individuales y el remanente a un fondo colectivo de carácter solidario. Si bien esta fórmula ha sido ampliamente analizada, aun quedan dudas de la sustentabilidad y factibilidad del proyecto, considerando principalmente la caída en la tasa de natalidad que experimenta nuestro país y las consecuencias derivadas del COVID19, especialmente en materia económica. En este aspecto, los ingresos excedentarios del cobre parecieran generar expectativas de crecimiento económico, aunque hay que mirar con cautela este incremento en los ingresos pues responde más bien a un shock transitorio derivado de las restricciones de oferta a raíz de la pandemia.
Ahora bien, a pesar de la urgencia e importancia de la reforma previsional, el mundo político no ha logrado generar un acuerdo y cada vez se tensionan aun más las discusiones frente a los componentes que abarca la reforma, principalmente en el destino de la cotización adicional. La discusión del proyecto ha sido dominada por dos importantes posiciones políticas. Por un lado, los más conservadores que defienden la capitalización individual y el actual modelo previsional que ya todos conocemos, en donde las AFPs mantienen su condición administrando este 6% adicional. Y, por otro lado, políticos de oposición, mayormente inclinados a que, al menos, el 50% de cotización extra vaya a un fondo colectivo. En esta materia es clave llegar a un consenso en la tramitación de la reforma, por lo cual se espera que cada parte involucrada en la negociación ceda o dé un margen de acción para lograr los acuerdos necesarios. Dada la urgencia de la reforma que impactará principalmente a los actuales y futuros pensionados y pensionadas más vulnerables de nuestro país, es de esperar que en los próximos días por fin podamos ver salir humo blanco en esta tensa discusión.
Mauricio Oyarzo Aguilar
